Marcos internacionales
y fundamentos jurídicos
La pandemia de COVID 19 ha golpeado duramente a Europa y a la economía europea. Para mitigar las consecuencias de la pandemia y apoyar la recuperación de las economías de los Estados miembros, la UE ha puesto en marcha, entre otras cosas, un Plan de Recuperación de la UE. La brújula y la directriz para el uso de los fondos es el Green Deal europeo presentado a finales de 2019, que formula una estrategia económica sostenible, con el objetivo de reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y desvincular el uso de recursos del crecimiento.
En abril de 2021, la Comisión Europea endureció considerablemente sus objetivos climáticos de mediano plazo hasta 2030. Una taxonomía climática correspondiente recoge, por primera vez, un sistema de clasificación de las actividades económicas ecológicamente sostenibles. En breve, también se pondrá en marcha una ley de la UE sobre la cadena de suministro, que complementará las normativas nacionales sobre trabajo y derechos humanos en varios Estados miembros. Todo ello para transformar nuestras economías y que las generaciones futuras puedan vivir de forma ecológica y socialmente justa.
Directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas - CSRD
El 21 de abril de 2021, la Comisión Europea presentó una directiva sobre los informes de sostenibilidad de las empresas (CSRD). Esto hace más estrictos los requisitos de información no financiera (NFRD). La propuesta contiene una serie de requisitos importantes, como:
- La exigencia de una auditoría externa de la información de los informes (inicialmente de garantía limitada)
- Informar de acuerdo con una norma de la UE anunciada y vinculante para la elaboración de informes de sostenibilidad; y
- Exigir a las empresas que etiqueten digitalmente la información que presentan para hacerla legible por máquina y, por tanto, accesible a los mercados de capitales.
Una de las preguntas más importantes que se plantean ahora es: ¿se aplica la DSCE a mi empresa? Si cumple dos de los tres criterios siguientes, la respuesta es "sí":
- Más de 250 empleados y/o
- 40 millones de euros de facturación y/o
- 20 millones de euros Activos totales
¿Qué se le exige a su empresa? Las obligaciones de divulgación incluyen, en particular, información sobre:
- Modelo de negocio y estrategia, incluyendo la resistencia a los riesgos, las medidas adoptadas, la compatibilidad con los objetivos del Acuerdo Climático de París y los intereses de sus partes interesadas;
- Objetivos específicos e información sobre los progresos realizados en la consecución de estos objetivos, incluidos los contratiempos;
- trabajo de los órganos de gobierno en esta materia;
- Introducción de directrices y políticas;
- Los procesos de diligencia debida aplicados en relación con las cuestiones de sostenibilidad, y las medidas adoptadas para prevenir, mitigar o remediar cualquier impacto negativo; y
- Descripciones de sus principales riesgos e indicadores relevantes.
Todos estos datos deben incluir información prospectiva y retrospectiva, así como información cualitativa y cuantitativa. Se trata de la transparencia de los procesos y las cifras clave: ¿Qué ha hecho, qué piensa hacer y cómo piensa conseguirlo? La clave aquí es que su empresa establezca prioridades; en otras palabras: materialidad. Ampliando el concepto de materialidad, la CDS introdujo la obligación de que las empresas informen tanto sobre cómo los temas de sostenibilidad afectan a su rendimiento, posición y desarrollo (la perspectiva "outside-in") como sobre su impacto en las personas y el medio ambiente (la perspectiva "inside-out"). Esto se denomina "doble materialidad". Estos requisitos de información también están en consonancia con el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a los instrumentos financieros sostenibles ("Taxonomía de la UE").
El "Green Deal" europeo
El Acuerdo Verde Europeo es un concepto presentado por la Comisión Europea bajo el mandato de Ursula von der Leyen, el 11 de diciembre de 2019, con el objetivo de reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero en la Unión Europea para el año 2050 y convertirse así en el primer continente en ser neutro, desde el punto de vista climático.
El Acuerdo de París sobre el clima
Una de las principales demandas de los Sogs es la protección del clima. Se convirtió en vinculante según el derecho internacional con la firma del Acuerdo Climático de París el 12 de diciembre. Los Estados firmantes acordaron limitar el calentamiento global a un nivel muy inferior a dos grados centígrados en comparación con la era preindustrial, si es posible incluso por debajo de 1,5 grados. A diferencia del Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París estipula que todos los países, incluidas las economías emergentes y los países en desarrollo, elaboren planes nacionales, las llamadas "contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN)".
Taxonomía de la UE
La Comisión ha preparado las normas en una brújula taxonómica. En principio, una actividad económica, como la inversión en una nueva instalación de producción, debe servir a uno de los seis objetivos medioambientales y no debe contradecir ninguno de ellos. Estos son:
- Protección del clima
- Adaptación al cambio climático
- Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos
- Transición a la economía circular
- Prevención y control de la contaminación
- Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas
A continuación, los establecimientos deben indicar, para el año 2021, cuántas de sus actividades tienen lugar en los ámbitos cubiertos por esta taxonomía. Un año después, deben indicar si sus actividades son también sostenibles desde el punto de vista medioambiental según la taxonomía, basándose en el volumen de negocio, sus inversiones y sus gastos de funcionamiento.
La repercusión de la taxonomía sólo puede entenderse en el contexto del Paquete de Finanzas Sostenibles de la UE, que incluye amplias obligaciones de información para las empresas y el sector financiero. Desde marzo de 2021, los proveedores de servicios financieros ya no pueden limitarse a afirmar que un producto es sostenible: si lo hacen, deben explicar qué criterios aplican.
En general, a partir de 2022, el sector financiero deberá publicar continuamente datos sobre cuántos de sus activos posee en sectores para los que se definen criterios medioambientales en la taxonomía. Es decir, todos aquellos en los que se pueden realizar inversiones sostenibles en el sentido de una transformación ecológica de la economía. Los sectores en los que esto no es posible, porque pueden ser sustituidos por otras tecnologías, no forman parte de la taxonomía de todos modos. Un ejemplo clásico: el acero está ahí, no se puede sustituir, pero se puede producir de forma más ecológica. La generación de energía con carbón está fuera, hay alternativas.
Ley de Due Diligence en la Cadena de Suministro - LkSG
El "Proyecto de Ley de Due Dilingence Corporativa en las Cadenas de Suministro" obligará a las empresas alemanas a cumplir mejor su responsabilidad global de respetar los derechos humanos y las normas medioambientales.
En el futuro, la responsabilidad de las empresas se extenderá a toda la cadena de suministro, en función de la influencia que puedan ejercer. Las obligaciones deben ser aplicadas por las empresas en su propia área de negocio, así como hacia sus proveedores directos. Los proveedores indirectos también deben ser incluidos tan pronto como la empresa reciba "conocimiento fundado" de violaciones de los derechos humanos a este nivel.
La ley especifica la forma en que las empresas deben cumplir sus obligaciones de Due Diligence en materia de derechos humanos. Esto incluye, por ejemplo, el análisis de los riesgos para los derechos humanos, la adopción de medidas preventivas y correctivas, la creación de mecanismos de reclamación y la obligación de informar sobre las actividades.
La protección del medio ambiente también está contemplada en el proyecto de ley, en la medida en que los riesgos medioambientales pueden dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Además, está previsto establecer obligaciones medioambientales derivadas de dos acuerdos internacionales: de protección contra los peligros sanitarios y medioambientales del mercurio y los contaminantes orgánicos persistentes.
