El NFRD estableció importantes principios para la elaboración de informes anuales de sostenibilidad por parte de las grandes empresas. Se introdujo de nuevo el concepto de "doble materialidad", según el cual las empresas no sólo deben indicar cómo afectan los aspectos de sostenibilidad a su empresa, sino también cómo repercuten en las personas y el medio ambiente. Mientras tanto, ha quedado claro que la información publicada por las empresas no siempre es suficiente. Por lo tanto, la información que es importante para los inversores y otras partes interesadas, a menudo no aparece en los informes. Por lo general, la información es difícilmente comparable entre empresas y los usuarios no están seguros de poder confiar en ella. Los problemas de calidad en los informes de sostenibilidad pueden tener consecuencias. Esto le impide a los inversores tener una visión fiable de los riesgos que representan las empresas en materia de sostenibilidad. Los inversores necesitan tener cada vez más información sobre la huella social y medioambiental que dejan las empresas. Esto es también para cumplir con sus propias obligaciones en virtud del Reglamento sobre requisitos de información relacionados con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). En términos más generales, el mercado de inversiones verdes sólo puede ser creíble si los inversores son conscientes de la sostenibilidad de las empresas en las que invierten. Sin esta información, no es posible canalizar el dinero hacia actividades respetuosas con el medio ambiente. Por último, pero no por eso menos importante, los problemas de calidad en la presentación de informes también provocan inconsistencias en la rendición de cuentas. Una información pública de alta calidad y fiable por parte de las empresas contribuirá, en general, a una cultura de responsabilidad más fuerte.

La NFRD introdujo requisitos de información para las llamadas "entidades de interés público", es decir, las empresas que cotizan en bolsa, los bancos y las compañías de seguros. Las normas se aplican a las grandes empresas (es decir, no a las PYMES según la definición de la Directiva contable) con más de 500 empleados. Las consultas realizadas por la Comisión mostraron que muchas partes interesadas desearían que las obligaciones de información se extendieran a otras categorías de empresas. La nueva propuesta amplía el ámbito de aplicación a todas las grandes empresas, independientemente de su cotización en bolsa y sin el anterior umbral de 500 empleados. Este cambio significaría que, en el futuro, todas las grandes empresas tendrían que informar al público sobre su huella social y medioambiental. De este modo, también se satisfaría la demanda de los inversores de contar con la correspondiente información sobre sostenibilidad. Además, la Comisión propone ampliar el ámbito de aplicación a las PYMES que cotizan en bolsa y excluir únicamente a las microentidades que cotizan en bolsa. Por razones de protección a los inversores, es especialmente importante que éstos tengan acceso a una información adecuada sobre sostenibilidad por parte de las empresas cotizadas. Además, si las PYMES que cotizan en bolsa no divulgan los datos de sostenibilidad, podrían quedar fuera de las carteras de inversión. Este peligro aumenta a medida que la información sobre sostenibilidad adquiere mayor importancia en todo el sistema financiero.

La propuesta no impone ningún nuevo requisito de información a las pequeñas empresas, excepto para las PYMES cuyos valores cotizan en un mercado regulado. Además, para minimizar la carga de las PYMES que cotizan en bolsa, las normas para informar se simplifican en comparación con las empresas más grandes. Los requisitos de información de esta propuesta no se aplicarían a las PYMES que cotizan en los mercados de crecimiento de las PYMES, ni a las PYMES que se negocian en los sistemas multilaterales de negociación (SMN). Mientras tanto, a muchas PYMES se les piden cada vez más datos sobre sostenibilidad, sobre todo por parte de los bancos que les prestan dinero y de las grandes empresas que les suministran. Es probable que la transición a una economía sostenible haga que las empresas de todos los tamaños recojan y compartan información sobre sostenibilidad. Por lo tanto, paralelamente a las nuevas normas propuestas para las grandes empresas, la Comisión también propone desarrollar sus propias normas proporcionadas para las PYMES. Las PYMES que cotizan en mercados regulados podrían cumplir sus obligaciones legales de información con estas normas simplificadas y, las PYMES que no cotizan, podrían aplicarlas de forma voluntaria. Estas normas se adaptarían con precisión a las capacidades de las PYMES y les facilitarían el intercambio de información con los bancos, las grandes empresas clientes y otras partes interesadas. Pueden ayudar a las PYMES a desempeñar plenamente su papel en la transición hacia una economía sostenible. Además, dado que las empresas más pequeñas se vieron especialmente afectadas económicamente por la pandemia del Covid 19, los requisitos para las PYMES que cotizan en bolsa sólo entrarían en vigor tres años después que para las empresas más grandes.

Las normas de información sobre sostenibilidad de la UE deben ser coherentes con los objetivos del Pacto Verde Europeo y con el marco jurídico vigente de la UE, es decir, el Reglamento sobre divulgación de la sostenibilidad y el Reglamento sobre taxonomía. No sólo deben cubrir los riesgos de las empresas, sino también su huella social y medioambiental (concepto de "doble materialidad"). Al mismo tiempo, la UE y las empresas e inversores europeos tienen un claro interés en garantizar que las normas estén alineadas a nivel mundial. El objetivo debe ser: que las normas de la UE incorporen todos los elementos esenciales de las normas reconocidas a nivel mundial, que se están desarrollando actualmente. Cuando sea necesario, para lograr los objetivos propios de la UE y garantizar la coherencia con el marco jurídico de la UE, también deben ir más allá. La Comisión apoya las iniciativas del G20, el G7, el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) y otros organismos, con el fin de desarrollar normas básicas mundiales para la elaboración de informes de sostenibilidad, basándose en el trabajo del Grupo de Trabajo sobre Información Financiera relacionada con el Clima. Las propuestas de la Fundación IFRS para establecer un nuevo Consejo de Normas de Sostenibilidad, son tan relevantes en este contexto como el trabajo previo de iniciativas establecidas como: la Iniciativa Global de Informes (GRI), el Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB), el Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC), el Consejo de Normas de Divulgación del Clima (CDSB) y el CDP. Las normas de la UE propuestas para la elaboración de informes de sostenibilidad se basarían en las iniciativas mundiales de normalización para contribuir a ello. Esto requerirá una cooperación mutua constructiva entre el EFRAG y las iniciativas internacionales pertinentes. Para sentar las bases de esta cooperación, el EFRAG y la Comisión han convocado en los últimos meses dos reuniones con las principales iniciativas internacionales de información sobre sostenibilidad.